INFORME Vulneraciones y violaciones a DDHH, abusos e incidentes registrados en el marco de las protestas contra el contrato minero en Panamá (octubre - noviembre 2023)
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Código de material
89
Acceso
Abierto
Contribuido por
Itzel Araúz
Palabras clave
Proyecto Cobre Panamá, Red Nacional en Defensa del Agua, Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, Derechos Humanos, Protestas antiminería 2023, FUNDICCEP, Contrato Minero, Represión Policial, Octubre-noviembre 2023, Detenciones arbitrarias, Pérdida de la visión por brutalidad policial, MiningWatch Canadá, Violaciones Derechos Humanos, Lancheros de Donoso, Discursos de odio y criminalización de la protesta, Earthworks
Persona(s) (nombre)
Rekha Chandiramani, Ana Teresa Benjamín M., Aubrey Baxter, Agustín Morales, Tomás Milton Cedeño García, Iván Rodríguez
País
Panamá
Fecha
Mayo 24
Nombre de archivo original
Informe_ProtestasAntimineras_Panama (FINAL).pdf
Crédito
Fundación para el Desarrollo Integral, Comunitario y Conservación de Ecosistemas en Panamá (FUNDICCEP) y Red Nacional en Defensa del Agua
Provincia o comarca
Colón, Chiriquí, Panamá, Veraguas, Panamá Oeste
Pie de foto
El reporte, “Vulneraciones y violaciones a DDHH, abusos e incidentes registrados en el marco de las protestas contra el contrato minero en Panamá. Octubre-noviembre 2023”, encargado por la Fundación para el Desarrollo Integral, Comunitario y Conservación de Ecosistemas en Panamá (FUNDICCEP), la Red Nacional en Defensa del Agua, con el apoyo del Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería y MiningWatch Canadá, fue realizado por las periodistas Rekha Chandiramani y Ana Teresa Benjamín M.
El reporte detalle:
Más de 20 entrevistas y testimonios del uso de fuerza excesiva por parte de la policía en contra de estudiantes de universidades públicas, ambientalistas, sindicalistas e indígenas;
Reportes de cientos de heridos y cuatro muertes durante las protestas;
Más de 1,500 casos de detenciones arbitrarias;
23 casos de activistas y manifestantes que enfrentan criminalización y procesos legales; y
Medidas punitivas y represalias contra grupos, como maestros y sindicalistas, que participaron en huelgas nacionales.
Notas
Organizaciones panameñas han publicado hoy un reporte que documenta las violaciones de derechos humanos y la criminalización de activistas durante las manifestaciones masivas el año pasado contra la mina de cobre de First Quantum. El reporte, “Vulneraciones y violaciones a DDHH, abusos e incidentes registrados en el marco de las protestas contra el contrato minero en Panamá. Octubre-noviembre 2023”, encargado por la Fundación para el Desarrollo Integral, Comunitario y Conservación de Ecosistemas en Panamá (FUNDICCEP) y la Red Nacional en Defensa del Agua, fue realizado por las periodistas Rekha Chandiramani y Ana Teresa Benjamín M.
El reporte recopila:
Más de 20 entrevistas y testimonios del uso de fuerza excesiva por parte de la policía en contra de estudiantes de universidades públicas, ambientalistas, sindicalistas e indígenas;
Reportes de cientos de heridos y cuatro muertes durante las protestas;
Más de 1,500 casos de detenciones arbitrarias;
23 casos de activistas y manifestantes que enfrentan criminalización y procesos legales; y
Medidas punitivas y represalias contra grupos, como maestros y sindicalistas, que participaron en huelgas nacionales.
“La huelga nacional de 2023 cuya acción fue el descontento generalizado de los panameños es el producto de un sistema colapsado y de la ingobernabilidad socioambiental”, dice Olmedo Carrasquilla Aguilar del Colectivo Voces Ecológicas, parte de la Red Nacional en Defensa del Agua. "Este informe más allá de su propósito debe constituirse en piedra angular de la justicia para que ningún pueblo del mundo sea reprimido ni exterminado solo por aspirar a mejores modelos de vida".
Desde que First Quantum adquirió el proyecto en 2013, la empresa basada en Toronto ha ignorado los devastadores impactos ambientales de sus operaciones y dos fallos de la corte suprema sobre la inconstitucionalidad de sus contratos. En 2017 y de nuevo en 2023, sentencias de la Corte Suprema declararon inconstitucionales dos contratos consecutivos, alegando preocupaciones sobre el impacto medioambiental de la mina y la falta de un proceso de licitación transparente, en el que se invita a las empresas a presentar ofertas para un proyecto.
Rekha Chandiramani, co-autora del reporte, dice que las manifestaciones paralizaron al país, entre otras cosas, "por mantener los mismos vicios que llevaron al fallo de inconstitucionalidad del primero en 2017, entre ellos, que en ambos casos la concesión se había otorgado por vía directa, sin la licitación requerida por ley".
Las protestas de 2023, resultado de décadas de un movimiento fuerte contra la minería y en defensa del medio ambiente en todo el país, dieron lugar a que la Corte Suprema declarara también inconstitucional el contrato más reciente de First Quantum. Tras la sentencia judicial, el Presidente Laurentino Cortizo ordenó el cierre de la mina y aprobó una moratoria sobre toda actividad minera futura.
José Raúl Mulino fue elegido presidente en las elecciones nacionales celebradas en Panamá el 5 de mayo con una plataforma favorable a los negocios que promete aumentar la inversión extranjera directa en el país. Aún no se ha pronunciado sobre las cuestiones relacionadas con la mina First Quantum.
"El pueblo panameño ha dicho de manera reiterada y firme que no aprueba el desarrollo de la minería metálica, por los impactos negativos que representa para la biodiversidad de Panamá y para la calidad de las aguas de cientos de comunidades” dice Damaris Sanchez Samudio de FUNDICCEP. “Por tanto, denunciamos y rechazamos toda forma de agresión contra los defensores ambientales por el hecho de proteger bosques, ríos, costas, manglares, por proteger la vida".
Por su parte, Paulina Personius de Earthworks señala que, "First Quantum Minerals y el gobierno panameño deben abstenerse de seguir criminalizando a lxs manifestantes, presentar un plan para cerrar la mina de forma segura, y sostener la moratoria minera".
Pese a las violaciones a los derechos humanos documentados en el reporte, el gobierno canadiense se ha pronunciado diciendo que First Quantum cuenta con su apoyo y First Quantum ha dicho que espera llegar a un acuerdo para reabrir la mina con el nuevo gobierno electo de Panamá.
"El gobierno canadiense ha declarado que apoyará a First Quantum Minerals, a pesar de que las y los panameños han sido violentamente reprimidos por su legítima oposición a la minería metálica", dijo Viviana Herrera, Coordinadora del Programa para América Latina de MiningWatch Canadá. "Esta contradicción debe estar en el centro de las preocupaciones de los accionistas hoy y debe plantear serias preocupaciones sobre lo que les espera si First Quantum persiste en tratar de reabrir esta mina".
El 2 de mayo Panamá Vale Más Sin Minería presentó el informe ante la ciudadanía panameña en su sitio You Tube. Además el 14 de mayo 2024, Panamá Vale Más Sin Minería junto con sus aliados internacionales, MiningWatch Canadá y Earthworks, presentará el informe virtualmente en un evento bilingüe en español e inglés.
Document extract
Entre octubre y noviembre de 2023, Panamá vivió su segunda gran explosión social desde la invasión de Estados Unidos al país (20/12/1989). Durante 39 días, gremios docentes, sindicalistas, estudiantes, jóvenes y comunidades indígenas y campesinas protestaron contra la aprobación de un contrato con la empresa Minera Panamá, filial de la transnacional First Quantum Minerals.
Si bien las protestas contra la negociación de este contrato iniciaron hace años, fue el viernes 20 de octubre de 2023 que se produjo el hecho decisivo, cuando la Asamblea Nacional de Diputados realizó el tercer debate de la propuesta, el Ejecutivo sancionó la Ley 406 ese mismo día y la hizo oficial mediante su publicación en la Gaceta Oficial No. 29894-A. Dicho de otra forma, la Asamblea Nacional realizó los tres debates en tres días consecutivos, y al tercer día el Ejecutivo sancionó y publicó la Ley en Gaceta, procedimiento a todas luces apresurado que levantó suspicacias entre la población panameña.
En un fallo fechado en 2017 pero notificado en 2018 a las partes, la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional el contrato ley que en 1997 avaló la concesión a Petaquilla Minerals (que luego de pasar por varias manos terminó siendo adquirida por First Quantum, cuando ya pesaba sobre ese contrato ley la demanda de inconstitucionalidad) para la explotación de la mina de 13 mil hectáreas ubicada en el corazón del Corredor Biológico Mesoamericano, en la zona caribe del país. El entonces presidente Juan Carlos Varela (2014- 2019) arguyó que el fallo no afectaba la operación de Minera Panamá porque anulaba la ley aprobada pero no así el propio contrato de concesión. Esto, a pesar de que las propias cláusulas del contrato exigían su aprobación por vía de Ley para su vigencia. Aun así, amparada en comunicados emitidos por el gobierno de Varela y en la presentación de recursos claramente improcedentes contra la sentencia, la empresa continuó operando de facto y sin contrato.
En mayo de 2019, en las postrimerías de su mandato, Varela intentó introducir en la Asamblea el mismo contrato que antes había sido declarado inconstitucional, para otorgarle algún asidero legal al inicio de las exportaciones de concentrado de cobre que la empresa anunció empezaría en 2019. Para ese momento, sin embargo, el entonces presidente ya no tenía el control que a inicios de su mandato poseía en la Asamblea, producto del “pacto de gobernabilidad” que había establecido con la bancada mayoritaria del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Como, además, su partido había perdido en las elecciones de mayo de 2019 frente al PRD, la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea terminó rechazando el contrato.
Tal como lo había anunciado, la empresa comenzó exportaciones a mediados de 2019, sin contrato y con la promesa del recién electo presidente Laurentino Cortizo de “revisarlo”. Una vez instalado en el gobierno, Cortizo anunció formalmente que renegociaría un nuevo contrato, mientras la empresa operaba y exportaba sin interrupciones y sin sustento jurídico, ya que además la Corte Suprema había desestimado categóricamente todos los recursos presentados. El cierre del proyecto sería un “suicidio” desde el punto de vista económico, declaró el mandatario en ese momento.